La Junta de Andalucía ha aprobado una nueva Ley para la regulación de varias políticas públicas en relación con el Trabajo Autónomo en el territorio andaluz. En concreto, regula ciertos aspectos en asuntos de formación, prevención de riesgos laborales y resolución extrajudicial de conflictos individuales y colectivos del trabajo autónomo económicamente dependiente.
Entre los criterios que deberán seguirse para la aplicación de políticas públicas destacan las de incentivos financieros a la puesta en marcha de negocio, incentivos para la creación de empleo estable, asesoramiento técnico al autónomo, reciclaje profesional, la conciliación entre vida personal y profesional, o la participación de la mujer en la titularidad de la empresa.
En el ámbito de la prevención de riesgos laborales hace especial hincapié en la sensibilización, información e inspección.
Respecto a solución extrajudicial de conflictos, se apuesta por el procedimiento de arbitraje (además de mediación y conciliación) y se atribuye al Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos, u otros órganos que se designen el intento de conciliación preceptiva previa a acudir a los Tribunales de Justicia.
Se regula, además, la participación social de las asociaciones del trabajo autónomo en Andalucía.
La Ley, que entró en vigor el pasado 1 de enero, dispone, además, la creación de un Consejo Consultivo del Trabajo Autónomo en Andalucía y la elaboración de un Plan Estratégico del Trabajo Autónomo.
